En 7 municipios amazónicos (San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, Calamar, El Retorno, Solano y San José del Guaviare) está casi la mitad de pérdida de bosque del país. Por: Gabriela Eslava Bejarano*
“El árbol no me va a dar de comer y necesito esa tierra para sembrar” dice un campesino en Florencia. “Nosotros sabemos que no está bien deforestar pero no tenemos alternativas” afirman campesinos de la vereda El Capricho en San José del Guaviare. “Si cuidamos los bosques pero después el gobierno concesiona la tierra para megaproyectos que tumban y da créditos para ganadería extensiva, ¿para qué estamos cuidando entonces?” señala un miembro del cabildo indígena ancestral Tinigua en La Macarena. “Yo no entiendo a un gobierno que por un lado persigue a quienes deforestan pero que, por otro, permite que se realice fracking y minería”, afirma una campesina de Calamar. “Capturan campesinos que no talan 10 hectáreas de bosque pero los que están talando más de 300 permanecen en la impunidad” resalta la presidenta de una junta de acción comunal en Mocoa.
Estos son solo algunos de los testimonios que comparten las comunidades de los diferentes departamentos que conforman la Amazonía colombiana y que participaron durante el último mes en una serie de talleres organizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y las Corporaciones Autónomas Regionales de la Amazonía (CDA, Corpoamazonia y Cormacarena) para dar cumplimiento a las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia al gobierno, el pasado 5 de abril, para frenar la deforestación en la Amazonía colombiana.
Los talleres realizados con las comunidades de la Amazonía en Florencia, Mocoa, San José del Guaviare, La Macarena y Granada, fueron convocados con el propósito de conocer de primera mano la problemática de la deforestación y recoger insumos para cumplir las órdenes que dio la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos: formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para frenar la deforestación en la Amazonía, crear un Pacto Intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano (PIVAC) y actualizar los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la Amazonía colombiana.
El próximo 18 de agosto vence el primer plazo que le dio la Corte Suprema al gobierno para presentar un plan de acción para frenar la deforestación. Plan que es cada vez más necesario, si se tiene en cuenta que, según el último boletín de alertas tempranas de deforestación del IDEAM, en 2018 en tan solo 7 municipios amazónicos (San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, La Macarena, Calamar, El Retorno, Solano y San José del Guaviare) se concentra casi la mitad de pérdida de bosque del país (49,1%) y la tasa oficial de deforestación nacional aumentó en 23% en el último año.
La deforestación se duplicó en la Amazonía colombiana entre 2016 (70.074 hectáreas) y 2017 (144.147 hectáreas) y sus consecuencias nefastas también: pérdida de biodiversidad y conectividad con otros ecosistemas, aumento de las emisiones de gases efecto invernadero -principal causa del cambio climático- erosión de suelos, cambio del bosque natural a pastizales, reducción en la capacidad de captura de CO2, alteración negativa del ciclo del agua y de los regímenes de lluvias, entre otros. Todos estos son efectos en cadena que van mucho más allá de los límites naturales del bosque.
Sin embargo, y tal como lo señalan los participantes de los talleres, si el gobierno nacional quiere frenar la deforestación en la Amazonía colombiana y lograr construir paz en los bosques no debe tratar el problema como un tema meramente ambiental. La deforestación es un problema social y ante todo de derechos humanos. Para reducir la deforestación y restaurar la Amazonía se deben atacar las causas del conflicto que no han permitido la paz con la naturaleza: acaparamiento de tierras, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, infraestructura, cultivos agroindustriales y extracción ilegal de madera.
Para hablar de soluciones integrales no solo debe pensarse en estrategias de vigilancia y control territorial a corto plazo, que hasta el momento han generado molestia en las comunidades por la falta de pedagogía previa de medidas que han derivado en la captura de campesinos. Por el contrario, deben brindarse alternativas productivas que hagan posible vivir de conservar y restaurar los bosques.
Lo primero que sugieren las comunidades es reconocer la vocación forestal de más del 50 por ciento del territorio nacional, que alberga a la mayoría de las casi 63.000 especies de fauna y flora del país. El reconocimiento del país forestal debe traducirse al menos en cinco acciones a corto plazo: aumento de capacidad y presupuesto para la conservación de las áreas protegidas ya establecidas –que se redujo entre 2017 y 2018 al pasar de 92 mil millones de pesos a 44 mil millones de pesos para la gestión de los parques nacionales naturales-, educación y pedagogía sobre la importancia de cuidar los bosques y restaurar las áreas deforestadas, incentivos económicos y alternativas productivas que hagan posible vivir del bosque, la creación de canales que faciliten el monitoreo por parte de las comunidades bosquesinas de la deforestación e imponer límites efectivos a mega proyectos agrícolas, ganaderos y al extractivismo en la Amazonía colombiana.
La incorporación de actividades forestales, como la conservación, restauración, agroforestería y aprovechamiento de productos no maderables, en el interior de los predios campesinos, de los resguardos indígenas, de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes y de las unidades agrícolas familiares implica definir la fuente de recursos que hará posibles esas actividades; capacitar a las comunidades para iniciar transiciones hacia usos sostenibles del suelo; reconocer los servicios ofrecidos por los bosques (protección del suelo, captación y retención de carbono, regulación de microclimas, protección de la biodiversidad, entre otros) y habilitar formas de transporte que no impliquen un impacto negativo sobre el bosque amazónico y que permitan la comercialización de los productos.
No se trata de acciones nuevas, de hecho, varias son obligaciones a las que el Estado colombiano se ha comprometido en el marco de convenios multilaterales en materia ambiental, como la meta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero contenida en el Acuerdo de París, los compromisos para frenar el comercio ilegal de flora establecida en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) o la reducción de incentivos y subsidios perjudiciales para la diversidad biológica incluida en las metas de Aichí sobre la diversidad biológica.
Uno de los mayores retos para el gobierno entrante será la protección efectiva de la Amazonía colombiana, su restauración y el entendimiento de que en Colombia es posible vivir del bosque, que toda actividad agropecuaria puede implicar conservación y que toda actividad de protección puede ser productiva.
*Investigadora Dejusticia
