Por su participación en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 en el Catatumbo, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó a diez militares y un civil el crimen de guerra de homicidio en persona protegida, y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.