Cuando la Defensoría del Pueblo denuncia la presencia de grupos armados organizados en Soacha, las autoridades civiles y policiales tratan de desmentirla. El caso más reciente ocurrió con la publicación de una alerta temprana en mayo de 2021, cuando la entidad insistió en la injerencia de grupos guerrilleros y del paramilitarismo en varios municipios de Cundinamarca. Nicolás García, gobernador del departamento, en entrevista con La W calificó esto como “absolutamente falso, alejado de la realidad”.
Pero varios delitos registrados en Soacha le darían la razón a la Defensoría. El más reciente ocurrió el 31 de julio de 2020. Ese día unos agentes de la Sijín se trasladaban en una camioneta sin insignias policiales. En plena autopista sur, unos hombres en moto les lanzaron una granada y dejaron heridos a tres agentes.
La Fiscalía asumió la investigación y capturó a dos personas, que están recluidas en la cárcel Modelo de Bogotá. Este caso se encuentra en juicio, y la tesis de la entidad, según un cuestionario respondido por la oficina de prensa, sugiere la participación de una disidencia de las Farc. Según dijeron, los capturados tendrían nexos con el Frente Décimo, cuyo centro de operaciones está en Arauca.
Pero no es el único caso que involucra a esa estructura armada. En septiembre de 2019 fue incinerado un vehículo de transporte público en el municipio. Por este hecho, según la Fiscalía, hay 30 personas imputadas que también pertenecerían al Frente Décimo.
Puede ser una banda criminal, porque en Soacha sí hay bandas criminales, pero estructuras al margen de la ley, no”
“La voz oficial de la Policía Nacional y de todas las fuerzas militares es el Gobernador de Cundinamarca, y se manifestó ante el tema desmintiendo la alerta temprana y pidiendo que la aclaren (…) Todo eso ya se evaluó y no corresponde a ninguna estructura al margen de la ley. Puede ser una banda criminal, porque en Soacha sí hay bandas criminales, pero estructuras al margen de la ley, no”, dijo la teniente Tatiana Ruiz, de la oficina de prensa de la Policía de Cundinamarca.
El Estado hizo una diferenciación, en la ley 1908 de 2018, entre las estructuras armadas ilegales: las dividió entre Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO). Los primeros son todos aquellos que tienen dirección de mando, que pueden ejercer control sobre territorios y realizar operaciones militares sostenidas; por ejemplo, el ELN o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Mientras que los GDO son grupos ilegales con menor poder; por ejemplo, La Contru, en Putumayo; La Cordillera, en Risaralda; y Los Pachenca, en Magdalena.
La tesis de la Gobernación y de la Policía es que en Soacha no hay GAO. Pero no solo las acciones de la disidencia de las Farc contradicen esa afirmación. El asunto es de especial interés: Soacha es la sexta ciudad más poblada de Colombia y colinda con el sur de Bogotá.
En Soacha ni siquiera los concejales se salvan de las amenazas proferidas por grupos sucesores del paramilitarismo. A Heiner Gaitán Parra, en menos de un año, le han llegado dos panfletos de las Águilas Negras que amenazan con matarlo. El primero llegó a través de correo electrónico. “Me amenazaban a mí y a otras 15 personas que, en su mayoría, hacen parte de la coalición política que yo lidero: la Soacha Humana y Alternativa (una coalición de fuerzas entre el Polo Democrático, la Colombia Humana y la Unión Patriótica). La más reciente amenaza llegó el 10 de mayo, en medio del paro nacional. Me señalaron a mí y a dos líderes de una veeduría de tránsito como objetivos militares”, dijo Gaitán.
En las alertas de la Defensoría se reseñan otras amenazas en contra de líderes del municipio. En 2017 un habitante de la Comuna 5 recibió mensajes firmados por el Bloque Capital de las Águilas Negras, en los cuales le dejaron claro que el motivo de su amenaza era el apoyo al proceso de paz entre el Estado y las Farc. El líder se tuvo que ir del municipio.
“He podido evidenciar que los panfletos se dan contra esos líderes que están en su momento trabajando fuertemente a través de un tema”, dijo la personera municipal, Nicol Díaz Coronado. Esa entidad reportó que entre enero de 2020 y julio de 2021 circularon ocho panfletos amenazantes en Soacha.
Me amenazaban a mí y a otras 15 personas que, en su mayoría, hacen parte de la coalición política que yo lidero (...). Me señalaron a mí y a dos líderes de una veeduría de tránsito como objetivos militares”
Las Águilas Negras también han hecho circular panfletos en los que imponen toques de queda, anuncian el exterminio de poblaciones vulnerables, conocidos como “limpieza social”, y amenazan a personas por su orientación sexual o identidad de género. “Se crea una serie de conductas y de reglamento social que impiden la disertación y la construcción de consensos bajo una lógica democrática. Aquí se dice y se hace lo que estas estructuras ordenan”, señaló Gaitán.
A esa violencia con tintes políticos se suma que los grupos armados después de la desmovilización de las Farc estarían controlando gran parte de las economías ilícitas en el municipio. “Las rentas ilegales de la provincia siguen siendo controladas por estructuras sucesoras del paramilitarismo, a pesar de la reciente presencia del Frente 10 de las disidencias de las Farc, actores internacionales ligados al narcotráfico, y un observable posicionamiento del ELN; que hace prever una disputa entre estos actores”, dijo la Defensoría en la alerta temprana 039, emitida en 2020.
La Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha y la Policía no dieron entrevistas para responder sobre este tema.
Tres líderes de la Comuna 4, también conocida como Cazucá, consultados para este artículo coincidieron en una palabra: miedo. A ese sector llegan cientos de desplazados cada año en busca de un lugar donde vivir tras escapar de la violencia en otros lugares del país. “Son personas de escasos recursos, por eso no viven en Bogotá. Allá el arriendo es muy caro y no le arriendan a negros ni a desplazados, porque las familias son muy grandes”, explica un líder que conoce las dinámicas de la comuna.
En Cazucá hay una banda conocida como Los Paisas, y la violencia desmedida la caracteriza. En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, emitida en julio de 2018, quedó registrado el caso de una mujer cuya pareja tuvo problemas con ese grupo. Con el fin de que revelara la ubicación de su excompañero, varios integrantes de la estructura la agredieron y amenazaron con violarla.
El líder anteriormente citado denunció que ese grupo explota sexualmente a niñas desde los 12 años, y hay casos sin denuncias de abusos sexuales colectivos. Además, las obligarían a vender estupefacientes con la amenaza de asesinar a sus familias. “Las mamás por miedo no denuncian, y muchas se van del barrio. Por miedo se van para su territorio”, contó el líder.
Estas amenazas están rodeadas de hechos que confirman su veracidad. En julio de 2019 apareció el cuerpo desmembrado de una persona en Bogotá. Según las autoridades, fue llevado hasta el barrio Villa Luz, al occidente de la capital, tras ser descuartizado en Soacha. La casa de pique estaba ubicada en la Comuna 4, entre los sectores conocidos como Los Robles y La 19. La Fiscalía le reveló a Pacifista! que entre 2018 y julio de 2021 halló siete cuerpos desmembrados en ese municipio.
Incluso, Los Paisas tienen el poder de decidir quién tiene derecho de vivir en algunos barrios de la Comuna 4 y quién no. Otro líder de la zona dijo que conoció el caso de tres jóvenes que fueron obligados a irse del barrio, o serían asesinados.
¿A qué intereses responden Los Paisas? El líder que accedió a contar cómo opera ese grupo, dice que son personas que llevan la droga, la entregan a jóvenes del barrio para que la vendan y recogen las ganancias cada dos o tres días. La Defensoría dice que “no se descarta que la llegada de los ‘Paisas’ a este estratégico territorio, colindante con el Distrito Capital, haya tenido como propósito reforzar la presencia de las autodenominadas AGC, conocidos como los Urabeños”.
Otro indicio de esa relación de Los Paisas con estructuras criminales asentadas en otros territorios se dio en marzo de 2020. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) denunció el reclutamiento forzado de 10 jóvenes por parte de esa estructura. Fueron trasladados a Antioquia y posteriormente la organización social supo que por lo menos uno de ellos fue asesinado.
Las mamás por miedo no denuncian, y muchas se van del barrio. Por miedo se van para su territorio”
“Esta estructura cuenta con estrechos vínculos con la “Oficina de Envigado” o “del Valle de Aburrá”, que controla las actividades criminales de Medellín y gran parte del departamento de Antioquia y opera en Soacha desde 2016”, informó la Defensoría.
Esa es apenas una historia que se conoce, pero el reclutamiento forzado es un crimen sin registros. La Fiscalía asegura que entre 2018 y 2021 no ha recibido ni una sola denuncia por ese tema.
Aunque buscamos entrevistar a víctimas de desplazamiento forzado y a familiares de jóvenes reclutados, todas se negaron debido al temor de que Los Paisas tomen represalias contra ellas. El poder de esa banda y el terror que impone, garantiza el silencio en Cazucá, comuna que tiene unos 88.000 habitantes.
Los intereses de distintos grupos sobre Soacha, un lugar clave en el tráfico de mercancías ilícitas entre el Pacífico y Bogotá, mantiene a la población coartada por el miedo. Entre enero y junio de 2021, Medicina Legal registró 74 personas asesinadas en Soacha, 44 de ellas entre los 12 y los 28 años. La mitad de las víctimas no tenía educación universitaria, pero la entidad no tiene información sobre la escolaridad de las otras 24.
Entre la pobreza que les ha sido impuesta y la negación de las autoridades frente a los fenómenos que ellos ven todos los días, Soacha sigue siendo un destino obligado para miles de familias que huyen de una violencia y llegan a encontrarse con otra.
Las distintas cifras sobre desaparición forzada durante el paro nacional esconden relatos de jóvenes cuyo paradero fue desconocido durante horas o días, mientras eran torturados. Muchos callan por temor, acosados por las secuelas psicológicas que, según dicen, les dejaron los maltratos de la fuerza pública.
Panfletos firmados por las Águilas Negras, la desaparición de Dagoberto Giraldo, un reconocido líder, y el asesinato de José Viannney Gaviria, otro defensor del departamento, son algunos de los hechos que tienen en alerta a la comunidad. Piden garantías de seguridad después de lo que ganaron tras la manifestación.
Diálogos entre la Iglesia y los grupos armados, no llevar más militares y construir un refugio para líderes amenazados hacen parte de las propuestas que ha hecho la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. En la región se desató una guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc que ha desplazado a cientos de campesinos y tiene atemorizada a la población civil.