Esta semana llegamos al centenar de líderes muertos. Cauca sigue siendo el departamento donde más atentan contra quienes ejercen algún liderazgo social en Colombia.
“Hay que respetar los derechos que la misma tiene, para que nosotros podamos vivir y ella pueda vivir”. Esa frase la dijo Jorge Enrique Oramas en un video y se refiere a la naturaleza, esa que protegió y defendió durante años. Él tenía 70 años y era sociólogo y líder ambiental de la zona rural de Cali. Su lucha se concentró en dos frentes: oponerse a la minería —legal o ilegal— en el Parque Nacional Natural Farallones, cercano a Cali; y promover el uso de semillas nativas entre los campesinos. También creó un proyecto de alimentos orgánicos llamado Biocanto.
¿Por qué hablamos de Oramas en pasado? Porque el sábado 16 de mayo se convirtió en el líder social número 100 en ser asesinado en lo que va del 2020.
De acuerdo al registro del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz —Indepaz—, desde el primero de enero de este año hasta la fecha de publicación de esta nota fueron asesinados 103 líderes sociales. Y 27 de esos crímenes ocurrieron durante la cuarentena obligatoria por la emergencia del Covid-19.
Que no haya pasado ni la mitad del 2020 y ya tengamos un poco más de un centenar de líderes sociales muertos tiene que alertarnos. Para el 23 de julio del 2019 Indepaz reportaba 80 líderes asesinados. Ese año terminó con 245 crímenes contra quienes defienden el acceso a la tierra, los derechos de los campesinos, el medioambiente, a las comunidades étnicas, entre otras luchas.
Así las cosas, el 2020 puede convertirse en otro año difícil para el liderazgo social en Colombia, labor por la que han matado a 756 personas desde la firma del Acuerdo final de paz con las Farc, el 24 de noviembre de 2016, hasta diciembre de 2019 según Indepaz. El primer asesinato a un líder social en este año ocurrió en Ituango, en el norte de Antioquia. A Carlos Andrés Cardona, quien era líder sindical del sector salud, lo mataron el 2 de enero. Cinco días después, Gloria Ocampo, lideresa social de la vereda La Estrella de Puerto Guzmán, en Putumayo, fue asesinada.
En enero de este 2020, tal como aparece en el registro de Indepaz, 29 líderes fueron asesinados. Más o menos uno al día. En febrero el número aumentó a 32, en marzo cayó a 20 y en abril se redujo a 14. En mayo van ocho líderes sociales muertos. El último fue Alirio Gustavo García, comunero del pueblo indígena Awá del resguardo Palmar Imbí, ubicado en el municipio nariñense de Ricaurte. Atentaron contra él, que pertenece a una comunidad étnica protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 18 de mayo.
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¿Qué causas defendían los 103 líderes asesinados en lo que va de este año? Lo que dicen los datos de Indepaz es que 31 de estos líderes luchaban por los derechos de los indígenas, 28 pertenecían a Juntas de Acción Comunal —JAC— pero también eran miembros de organizaciones campesinas, 12 solo integraban asociaciones campesinas, siete eran líderes de comunidades afro y seis solo estaban en las JAC de sus veredas o corregimientos. Ahora, ¿en cuáles zonas del país ejercían su liderazgo social? 30 estaban en el Cauca, 17 en Antioquia, 10 en Putumayo, siete en Norte de Santander, otros siete en el Valle del Cauca y cinco en Córdoba y Nariño, respectivamente.
Puerto Guzmán, en Putumayo, es el municipio del país donde más lo han asesinado este año, con un registro de siete casos. Además del crimen de Gloria Ocampo, allí mataron a tres líderes en un mismo día: el 8 de enero fueron asesinados Óscar Quintero, Gentil Hernández y Emilio Campaña. Los tres eran líderes comunales y campesinos.
El caso Cauca
Con 30 muertes en lo que va del 2020, Cauca es el departamento donde más están atentando contra quienes hacen algún liderazgo social en el país. En municipios como El Tambo, Caloto y Buenos Aires, estos dos últimos ubicados en la subregión del norte, se han registrado al menos cuatro líderes sociales asesinados.
“El nivel de violencia sociopolítica en el departamento no proviene de causas o actores aislados o desconocidos”, señala un informe de Indepaz publicado el pasado 4 de mayo. “Ha existido una constate presencia y expansión de grupos armados irregulares como el ELN, el EPL y paramilitares —Clan del Golfo y Águilas Negras— (…) Y de otros actores denominados Grupos Armados Organizados Residuales, como las disidencias de las Farc (con frentes o columnas como Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Nueva Marquetalia y Jacobo Arenas)”. Vale la pena señalar que estos grupos se benefician del negocio de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Por esa razón pelean por el control de las rutas en el Cauca y están en contra de los programas de sustitución voluntaria.
Además de los grupos armados, al departamento se le suma una fuerte presencia de las fuerzas armadas: la Tercera División del Ejército, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo y la Policía.
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“El resultado de esta amplia presencia de actores armados es una extrema militarización de los territorios caucanos, la cual resulta inversamente proporcional a la presencia de la institucionalidad civil encargada de proteger los derechos humanos de las comunidades, especialmente de aquellas que habitan zonas rurales”, se lee en el informe.
Camilo González, director de Indepaz, le dijo recientemente a la W Radio que la manera en que se enfrenta la violencia en el Cauca está fallando. “Le pongo el ejemplo de Argelia: a los campesinos, en plena pandemia, por un lado les llegan los grupos armados que están en contra de la sustitución de cultivos ilícitos. Y por el otro lado, el Ejército y los erradicadores. Los militares llegan a combatir a los grupos, pero no llegan para apoyar a los campesinos”. Los líderes, al final, son quienes defienden y respaldan a las comunidades.
Ese choque por el control del departamento, explicó González, limita las acciones y los movimientos a los grupos armados, quienes repelen a las fuerzas militares y atacan a los líderes y a las autoridades indígenas. La ministra del Interior, Alicia Arango, dijo hace dos semanas que no sabía qué estaba haciendo mal el Estado con el Cauca. Quizá el problema es que la intervención estatal es principalmente militar y en contra de los ilegales, dejando a un lado la defensa de los derechos de las comunidades campesinas y étnicas.
